Posverdad

VAYA regalazo que se aventó la presidenta Claudia Sheinbaum con el respetable, un decreto que declara inhábil el 11 de junio por el Mundial, aunque solo aplica en la Ciudad de México.

La raza encantada porque es decreto, no es un mero acuerdo o pacto para ver quiénes se sumaban.

Además disminuye el trafical de CDMX entre obras, turistas y los propios habitantes y trabajadores para llevar la fiesta en paz.

La agenda política del país se va a paralizar porque la fanaticada va a estar pensando en el Mundial, ya incluso hay una esquizofrenia colectiva de cada vez más gente diciendo que México no solo llegará a cuartos de final —que es el trauma— sino que hasta saldrá ¡campeón!... ahí nomás.

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Ahora sí se consumó algo que en los pasillos del Congreso ya se daba por hecho desde hace meses.

La diputada local Rosana Díaz Reyes oficializó su salida del Grupo Parlamentario de Morena, marcando un rompimiento político que venía cocinándose desde que denunció presunta violencia política de género por parte de Cuauhtémoc Estrada Sotelo.

La noticia no sorprende.

Lo que sorprende es que tardara tanto.

Porque desde hace meses la relación entre Rosana y la coordinación morenista estaba prácticamente rota, con señalamientos públicos, recursos internos y una disputa que terminó llegando a las instancias partidistas.

Formalmente, la legisladora aclaró que no está renunciando a Morena.

Al menos todavía no.

Su argumento es que el procedimiento que promovió ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia sigue abierto, por lo que mantiene su militancia mientras espera una resolución.

Pero en política importa más la foto que el trámite.

Y la foto hoy es muy clara: Rosana ya no está con la bancada morenista.

Por eso la pregunta inmediata fue si dará el siguiente paso hacia el Partido Verde Ecologista de México.

Y aunque respondió que sigue analizándolo, la realidad es que desde hace tiempo ha mantenido cercanía política con el Verde y en más de una ocasión dejó abierta esa posibilidad.

En la grilla legislativa el movimiento tiene varias lecturas.

La primera es un golpe para Cuauhtémoc Estrada, porque confirma que el conflicto interno terminó con la salida de una diputada de la bancada.

La segunda es que fortalece la percepción de que el Verde sigue creciendo dentro del ecosistema político de Chihuahua, aprovechando espacios donde Morena enfrenta divisiones internas.

Y la tercera, quizá la más importante, es que vuelve a evidenciar que la verdadera disputa rumbo al 2027 no solamente ocurre entre Morena y PAN.

También se libra dentro de la propia coalición de la Cuarta Transformación.

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Mientras en México la discusión sigue centrada en soberanía, agentes extranjeros y acusaciones contra funcionarios, desde Washington llegó otro mensaje que difícilmente pasó desapercibido.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una llamada con el canciller mexicano Roberto Velasco Álvarez y dejó claro cuáles son las prioridades de la administración estadounidense.

Desmantelar cárteles. Reducir la migración ilegal y frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas. Hasta ahí nada nuevo.

Lo interesante es el contraste entre los mensajes oficiales de ambos gobiernos.

Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se habló de una conversación cordial, respetuosa y enfocada en fortalecer la cooperación en temas de seguridad, migración y comercio.

Pero el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos fue mucho más directo.

Ahí la palabra clave fue acelerar, acelerar acciones contra los cárteles y acelerar resultados en migración.

En otras palabras, Washington está comenzando a exigir velocidad además de cooperación.

Y eso ocurre en un contexto especialmente delicado.

Porque apenas unos días antes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió públicamente al embajador Ronald Johnson respetar los asuntos internos de México, luego de que el diplomático llamara a dejar fuera la política del combate al narcotráfico.

Ahora aparece Marco Rubio reforzando el mismo tema desde un nivel mucho más alto.

En la lectura política, el mensaje es evidente.

Estados Unidos no está reduciendo la presión, la está institucionalizando.

Ya no son únicamente declaraciones de embajadores o agencias de seguridad.

Ahora el tema está instalado directamente en la agenda diplomática de más alto nivel.

Y eso coincide con: las investigaciones sobre presuntos narcogobiernos; la presión por el combate al fentanilo;la revisión del T-MEC; y la proximidad de los ciclos electorales de 2027 en México y 2028 en Estados Unidos.