Posverdad

Más allá del fenómeno que generó BTS en la Ciudad de México, que por sí solo daría para otro análisis político y social, el verdadero terremoto vino desde Washington.

La nueva estrategia contraterrorista firmada por Donald Trump puso a varios funcionarios mexicanos con los pelos de punta. Y no es para menos.

El documento cambia por completo la lógica con la que Estados Unidos pretende enfrentar a los cárteles: ahora ya no son vistos solo como organizaciones criminales… sino como amenazas terroristas hemisféricas.  

Pero lo más delicado está en otra parte.

La estrategia abre la puerta a actuar contra gobiernos o autoridades que Washington considere “cómplices” o que simplemente no cooperen suficientemente en el combate al narcotráfico.

Incluso se advierten acciones unilaterales si Estados Unidos considera que los gobiernos locales no quieren o no pueden actuar.  

Y ahí es donde México entra directo al reflector.

Especialmente por el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado recientemente por autoridades estadounidenses en investigaciones relacionadas con el narcotráfico.  

En la grilla internacional, el mensaje ya se entendió: la narrativa de Chihuahua y el escándalo por la presencia de agentes estadounidenses quedó rebasada por algo mucho más grande: la construcción de un discurso donde el narco ya no es solo seguridad pública… sino terrorismo. Y eso cambia todo.

Porque bajo esa lógica, cualquier territorio señalado como infiltrado por el crimen organizado puede convertirse en tema de seguridad nacional para Estados Unidos.

Además, el timing no es casual.

La presión llega: en plena revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, con Trump enfrentando desgaste en las encuestas, y rumbo a los procesos electorales de 2027 en México y 2028 en Estados Unidos.  

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Después de más de cinco horas de debate, el Congreso de Chihuahua dejó claro que la batalla ya no solo es local… también es nacional.

Con 19 votos en contra, la mayoría legislativa desechó los exhortos impulsados por Morena que buscaban que la gobernadora María Eugenia Campos Galván pidiera licencia temporal y compareciera junto con mandos de seguridad estatal tras el desmantelamiento del narcolaboratorio clandestino y la muerte de cuatro funcionarios, entre ellos dos ciudadanos estadounidenses.

La oposición morenista quería colocar el foco en Chihuahua. Pero el PAN movió el tablero.

Porque mientras se caían los exhortos contra Maru Campos, sí avanzó el punto impulsado por la bancada panista para pedir seguimiento federal e internacional a solicitudes de extradición contra exfuncionarios y mandos de seguridad de Sinaloa, entre ellos Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil.

Es decir: la discusión pasó de Chihuahua… a Sinaloa.

Y eso no fue casualidad.

En plena presión internacional por la narrativa de narcoterrorismo impulsada desde Estados Unidos, Acción Nacional aprovechó el momento para conectar el caso Rocha con el discurso nacional de seguridad y presuntos vínculos criminales.