Posverdad

La salida de Ulises Lara López de la Fiscalía de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República volvió a abrir uno de los capítulos más polémicos de la política y la justicia en Chihuahua: el operativo del llamado “corralazo”.

Quien no dejó pasar el momento fue el fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Luis Abelardo Valenzuela Holguín, mejor conocido como “Bayo”, quien reaccionó con un breve, pero significativo mensaje en sus redes sociales.

“Por encima de todo, la verdad siempre prevalecerá…”, escribió en su cuenta de X.

Aunque no mencionó nombres, el contexto dejó poco margen para la interpretación.

Horas antes se había confirmado la salida de Ulises Lara López, quien en agosto de 2024 intervino en el restaurante Gin Gin de la Ciudad de México e impidió que agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua ejecutaran la orden de aprehensión librada contra el entonces exgobernador Javier Corral Jurado.

Aquel episodio se convirtió en uno de los mayores choques entre las autoridades de Chihuahua y las instituciones federales, al grado de ser bautizado por la opinión pública como el “corralazo”.

Desde entonces, Abelardo Valenzuela ha sostenido públicamente que la actuación de las autoridades capitalinas impidió cumplir un mandato judicial emitido por un juez de Chihuahua.

En la lectura política, el mensaje del fiscal también tiene destinatario.

Porque la salida de Ulises Lara ocurre mientras varios expedientes relacionados con la confrontación entre el corralismo y el actual gobierno estatal siguen abiertos, y cuando la disputa política entre ambos grupos continúa vigente.

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La tensión entre México y Estados Unidos en materia de seguridad volvió a escalar.

Luego de que el administrador de la DEA, Terrance Cole, afirmara que existe una presunta relación entre cárteles del narcotráfico y el Gobierno de México, el Gabinete de Seguridad respondió con un rechazo categórico y sostuvo que esos señalamientos “carecen de sustento”.

La respuesta no fue únicamente política.

También vino acompañada de cifras.

El Gobierno Federal aseguró que la Estrategia Nacional de Seguridad mantiene una política de cero impunidad y presentó los resultados acumulados hasta el 30 de junio de 2026 para respaldar su postura.

Entre ellos destacó la detención de 59 mil 582 personas, el aseguramiento de 31 mil 366 armas de fuego, 498 toneladas de droga, incluidos 2 mil 363 kilogramos y más de cinco millones de pastillas de fentanilo, además del desmantelamiento de 2 mil 627 laboratorios clandestinos utilizados para la producción de metanfetaminas.

La administración federal también subrayó que entre los detenidos se encuentran líderes criminales y más de 80 servidores y exservidores públicos presuntamente vinculados con actividades ilícitas, incluidos siete presidentes municipales en funciones, como resultado de la denominada Operación Enjambre y otras investigaciones.

Otro de los argumentos expuestos fue la reducción del 48 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y junio de 2026, indicador que el Gobierno presentó como evidencia de la efectividad de su estrategia.

En la lectura política, el intercambio refleja que la relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más delicados en materia de seguridad.

Mientras la DEA mantiene un discurso más crítico sobre la infiltración del crimen organizado en instituciones mexicanas, el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo insiste en que los resultados operativos desmienten esas afirmaciones y reivindican la cooperación con Estados Unidos.