¿Pagan justos por pecadores? Reforma frente a factureras y nomineras

¿Deben pagar justos por pecadores? La reforma fiscal frente a factureras y nomineras

Por Aarón Abdiel Grijalva Molinar.

Combatir la evasión fiscal es una obligación del Estado. Lo que merece una discusión más profunda es si, para enfrentar las prácticas de factureras, nomineras y esquemas abusivos, resulta razonable restringir de manera general las deducciones y el derecho de los contribuyentes a amortizar pérdidas fiscales legítimas. ¿Debe pagar todo el universo empresarial por las conductas de quienes incumplen la ley?

La pregunta cobra relevancia ante los argumentos presentados en la exposición de motivos relativa a la reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) planteada para 2027. Una exposición de motivos explica las razones y los objetivos de una iniciativa; sin embargo, identificar un problema real no significa que cualquier solución propuesta sea necesariamente proporcional.

Las cifras que explican la preocupación

Durante los últimos años, el sistema tributario del Impuesto sobre la Renta (ISR) en México ha registrado niveles históricos de recaudación sin necesidad de haber incrementado las tasas impositivas existentes o haber creado nuevos impuestos. No obstante, detrás de estas cifras agregadas se esconde un fenómeno estructural de erosión de la base imponible que compromete la equidad fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Entre 2021 y 2024 (rebote postpandemia), los ingresos acumulables de las personas morales aumentaron 9.8% en términos reales. En el ámbito bursátil, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores creció 32.7% entre diciembre de 2022 y diciembre de 2025 (lo que representa un avance del 10.9% anual) y un 45.9% a nivel quinquenal.

Para el ejercicio fiscal 2025, cuya declaración se presentó en 2026, se reportan 737 mil personas morales en el régimen general. De ellas, 524 mil declararon ingresos positivos y 318 mil —el 60.7% de ese grupo— no registraron pago de ISR. Según el mismo desglose, 223 mil reportaron deducciones iguales o superiores a sus ingresos; las restantes compensaron su base mediante pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.

También se señala que 129 mil empresas declararon pérdidas durante tres ejercicios consecutivos y que 54 mil lo hicieron durante al menos cinco años. Son datos que justifican revisar posibles abusos, pero que, por sí solos, no permiten concluir que toda empresa con pérdidas haya incurrido en evasión. Una pérdida puede obedecer a circunstancias económicas o inversiones perfectamente legítimas.

Factureras, nomineras y operaciones simuladas

Las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) emiten comprobantes fiscales por bienes o servicios inexistentes. Quienes utilizan esos comprobantes para deducir operaciones simuladas son identificados como EDOS (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas). Estos esquemas pueden reducir artificialmente la utilidad gravable, generar pérdidas fiscales ficticias e incluso sustentar solicitudes indebidas de devolución de impuestos.

La información citada indica que, entre las empresas con mayor pago de ISR, las facturas vinculadas con proveedores de características similares a factureras representan, en promedio, 3.5% de sus deducciones; entre quienes pagan menos o declaran pérdidas, el porcentaje llega a 10%. Asimismo, entre octubre de 2024 y agosto de 2026 se reportan 3,194 EFOS definitivas publicadas, 38,584 bloqueos o revocaciones de certificados de sello digital y 1,941 auditorías o revisiones a compradores de facturas.

A ello se agregan las llamadas "nomineras": entidades utilizadas, en determinados esquemas, para canalizar remuneraciones bajo conceptos distintos al salario y así evitar retenciones de ISR o cuotas de seguridad social. Conviene distinguir estas prácticas de los mecanismos de contratación y compensación que sí cumplen con la legislación.

El estudio de la Universidad Autónoma Chapingo sobre evasión en los sectores de servicios profesionales, corporativo y de apoyo a negocios (2018–2023), identificó 50,322 personas morales como posibles evasoras y estimó una evasión potencial acumulada de 131 mil millones de pesos.

El análisis evidencia que las pérdidas fiscales y las deducciones desproporcionadas no se distribuyen de manera uniforme, sino que se concentran en sectores intensivos en capital humano y servicios corporativos donde la fiscalización de la intangibilidad de los servicios representa un reto operacional.

El problema no es reconocer el abuso, sino cómo combatirlo

Nadie debería defender la simulación de operaciones ni la fabricación de pérdidas fiscales. Las autoridades cuentan con razones para fiscalizar esas conductas y sancionar a quienes las realizan. Pero hay una diferencia fundamental entre perseguir operaciones inexistentes y restringir, de forma general, deducciones o pérdidas que pueden tener un origen legítimo.

La exposición de motivos también invoca experiencias internacionales y herramientas para asegurar una contribución corporativa mínima. Ese contexto merece estudiarse, pero no sustituye el análisis del alcance concreto de las medidas propuestas: a quiénes se aplicarían, qué derechos limitarían y qué mecanismos permitirían distinguir el abuso del cumplimiento legítimo.

Si la autoridad ya identifica los esquemas, a sus operadores y a quienes se benefician de ellos, el debate es por qué la respuesta debería recaer de manera indistinta sobre contribuyentes cumplidos. La eficacia recaudatoria importa, desde luego, pero también importan la proporcionalidad tributaria, la certeza jurídica y la posibilidad de deducir gastos reales o amortizar pérdidas reconocidas por la ley.

Así las cosas, mi estimado lector, si llegó hasta aquí podrá advertir el fondo de mi preocupación: en lugar de concentrar la respuesta en quienes promueven y utilizan prácticas fiscales abusivas, se corre el riesgo de limitar derechos legítimos de todos los contribuyentes. El Estado de derecho no se fortalece castigando por igual conductas distintas. Si ese es el resultado de la reforma, estaremos, una vez más, haciendo que paguen justos por pecadores.

Artículo elaborado por el Dr. Aarón Abdiel Grijalva Molinar, integrante de la Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales, A.C., representa su opinión.