CRONOS POLÍTICO

AYER SE VIO algo histórico, la empresa Seguritech pagó 112 millones de morlacos al Gobierno del Estado, como penas convencionales por incumplir en tiempo  con la terminación de la Torre Centinela en Ciudad Juárez, la instalación de los arcos carreteros, filtros de seguridad, videowalls, los subcentros de Casas Grandes y Guadalupe y Calvo y casi todo el proyecto de seguridad Centinela.

El caso de la Torre Centinela fue primero un escándalo político, por los retrasos de las obras, que derivó en cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos, así que la Auditoría Superior del Estado de Héctor Acosta, se puso manos a la obra y en las cuentas públicas del 2023 y 2024, detectó el incumplimiento por parte de la empresa e inclusive también de las áreas de la SSPE.

Pero no solo detectó la irregularidad, la ASE decidió dejar de pagarle al proveedor a partir de julio del 2024 y les retuvo el pago hasta que no se calcularan las penas convencionales.

La negociación con Seguritech fue más que tensa, la empresa amenazó con dejar tirada la obra, porque el contrato establecía que la obra pasaría a propiedad del gobierno del estado, sólo si se concluía con el contrato y esa fecha estaba pactada para agosto del 2027. Esteban Gil Loya y Roberto Fierro, Secretario de la Función Pública, contra la pared.

PERO VINO LA instrucción de la Gobernadora Maru Campos, al estilo adelita, y dijo que la empresa había incumplido y tenía que pagar las penas convencionales y que el gobierno le exigiría el cumplimiento del contrato.

Así empezaron las reuniones de conciliación, fueron más 15 reuniones, finalmente se llegó al acuerdo, la empresa entregaría ya la propiedad de los bienes a la SSPE, no hasta que terminara el contrato y pagaría al gobierno las penas convencionales, lo que ya implica menos inversión en la Torre Centinela, la cantidad es millonaria.

No cabe duda que Héctor Acosta se puso a hacer la chamba de vigilar los recursos públicos y convertir la fiscalización en algo técnico, alejado de cuestiones partidistas, pero con la mira de mejorar la administración pública.

Ahora sí tanto la gobernadora Maru Campos, como Gil Loya podrán inaugurar y entregar la Torre Centinela sin ningún pendiente….

A VER, A VER, cómo está ese último comunicado de la Fiscalía General de la República, sobre el caso Chihuahua y la destrucción del narcolaboratorio en Moris.

El breve documento dice: “La Ley General de Salud da competencia exclusiva a la Federación, para investigar, perseguir y sancionar, delitos cuando existan elementos para presumir la participación de la delincuencia organizada, como es el caso de un laboratorio clandestino de sustancias ilegales”.

La FGR con su gracia y deja claro el mensaje que ningún estado va a poder actuar contra el narcotráfico o el crimen organizado.

Siempre se ha sabido que los que tienen la facultad y la obligación de combatir el narcotráfico es el gobierno federal y de investigarlo la Fiscalía General de la República. Pero se hacen los occisos. 

La FGR nunca hace nada en Chihuahua, hay cientos de ejecutados al año, relaciones con el crimen organizado y ni uno solo investiga la FGR.

En materia de investigación los estados están solos en el combate a las drogas y ahora hasta va a ser delito de usurpación de funciones.

Eso sí es es ser legalistas, no miserias… 

DESDE LA 4T a nivel nacional está la instrucción de que todos vayan mañana sábado a la marcha contra el Gobierno de Chihuahua.

Muchas figuras de Morena estarán en la ciudad, desde gobernadores, senadores, diputados federales.

Pero además será un acarreo de aquellos, pues todos los que quieran ser candidatos tienen que llevar gente, si no que ni se registren… Ariadna es de las que siempre toma nota y acusa recibo.

Así que la protesta será con todo el músculo, local y nacional de Morena… Que bueno que es para luchar por la soberanía, porque la raza ya le está diciendo la marcha para defender a Rocha Moya.

LA DIPUTADA DE Chihuahua, Chela Ortiz, tendrá lugar VIP en la Cámara de Diputados donde se llevarán los juicios políticos, tanto el de Chihuahua como el de Sinaloa y los que se presente.

Primero un ciudadano tiene que interponer la denuncia de juicio político, y ratificarla con pruebas a los tres días. El PAN ya presentó la denuncia contra Rocha Moya y ya la ratificó, se supone que Morena hará lo mismo en el caso Chihuahua.

Después de que se presente la denuncia aquí es donde entra la diputada Chela Ortiz, pues ella como presidenta de la Comisión de Gobernación, le llegará el caso, así que junto con la Comisión de Justicia, entre ambas comisiones integrarán la Subcomisión de Examen Previo, está subcomisión solo la integran 12 diputados, cinco de cada comisión en comento y los presidentes las mismas.

Estos doce diputados son los que dicen si procede el juicio político, son la super poderosa Subcomisión de Examen Previo, de ahí le pasan la estafeta a la Sección Instructora, y sigue el resto del proceso.