Asisten Maru y Jáuregui a presentación del Plan Estratégico de la FGR

El plan define las acciones de coordinación entre la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías locales para el periodo señalado, en el marco de una reforma al Estatuto Orgánico de la FGR publicada el pasado 14 de abril en el Diario Oficial de la Federación, que modifica 85 artículos, más de una tercera parte del total de apartados del documento.

Entre los cambios más relevantes de la reestructura institucional destaca la creación de nuevas fiscalías especializadas, entre ellas la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado, la Fiscalía Especial en Seguimiento a Recomendaciones y Quejas en Materia de Derechos Humanos, y la Fiscalía Especial para Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

La reforma introduce también nuevas unidades estratégicas orientadas a diseñar políticas de persecución penal, coordinar acciones institucionales y fortalecer el análisis para la toma de decisiones, entre ellas la Unidad de Política de Persecución Penal, la Unidad de Evaluación de Resultados Institucionales y la Unidad de Estrategia y Análisis para la Investigación Ministerial.

Uno de los ejes centrales del nuevo modelo es el cambio de una operación reactiva a una estratégica, mediante la definición de prioridades en la investigación de delitos, la implementación de un Sistema Institucional de Evaluación de Resultados y el fortalecimiento del uso de análisis de datos e inteligencia criminal.

La reforma abre además la puerta al uso de inteligencia artificial en investigaciones, así como al desarrollo de plataformas institucionales para evaluación y seguimiento, con el objetivo de modernizar las capacidades de investigación y procesamiento de información.

En materia de derechos humanos, el nuevo estatuto incorpora atención especializada a víctimas, perspectiva de género de forma obligatoria, protección a comunidades indígenas y afromexicanas, y seguimiento a recomendaciones de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La reestructura también endurece los mecanismos de control interno mediante evaluaciones periódicas del personal, obligación de informes anuales de resultados y mayor control sobre recursos y presupuesto, medidas orientadas a reducir la discrecionalidad y aumentar la transparencia institucional.