Nueva Ley de Aguas cuida el recurso y combate acaparamiento: Estrada🎦

Durante su rueda de prensa semanal, el legislador celebró los resultados de la sesión llevada a cabo éste jueves en el Senado de la República, que, luego de cuatro horas, aprobó con 85 votos a favor y 36 en contra el proyecto de decreto que modifica varias disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y expide la Ley General de Aguas. 

La nueva Ley de Aguas —dijo— no perjudica al sector ganadero ni agrícola, ni tampoco prohibe la transmisión de los derechos de concesión, como han asegurado distintos actores políticos del Partido Acción Nacional (PAN), sino que evita el robo del recurso hídrico que se da en varios puntos del país. 

«La reforma no viene a despojar a los productores de sus títulos de concesión. No rompe el binomio tierra-agua. No le impide a los productores heredar la tierra y su agua. Contrario a eso, viene a cuidar que el recurso rinda más que rinda por más tiempo, que sea más equitativo en su distribución», declaró. 

A la luz de los señalamientos, entre los que se ha acusado una traición por parte de los legisladores federales de Morena hacia el campesinado, Estrada Sotelo hizo énfasis en que la minuta incluyó 68 modificaciones a la redacción original que promovió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. 

La negativa que han demostrado numerosos sectores de la población, a su juicio, obedece a un discurso de confrontación política, más que a un conocimiento técnico, un conocimiento pleno de los artículos que conforman la nueva Ley, razón por la cual expresó su rechazo por la discusión ocurrida ayer en el Congreso del Estado. 

Fue éste jueves, en la última sesión ordinaria, que el diputado Arturo Medina Aguirre, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acompañado por la bancada de PAN, presentó un exhorto en el que solicitaba a los 67 Ayuntamientos de Chihuahua promover una controversia contra la Ley de Aguas, pues —indicó— resultaba inconstitucional.

Según Medina Aguirre, la legislación infringe lo dispuesto en el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados de manera previa, libre e informada sobre cualquier medida legislativa. Un factor que, sin embargo, desatendieron las autoridades federales en la elaboración de la reforma. 

Finalizada la presentación, Estrada Sotelo advirtió que el acuerdo resulta improcedente debido a que la presentación de una controversia requiere de una norma general promulgada y emitida —condiciones inexistentes hasta la fecha. 

Así, presentó una moción para bajar el exhorto y proceder a la discusión tanto de la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas. No obstante, fue desechada con 12 votos a favor de Morena y 16 en contra del PAN y el PRI.

En tal sentido, el morenista refirió que el Congreso de la Unión debería continuar con la realización de foros ciudadanos, en concreto mesas informativas, que divulguen el contenido de la nueva Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas, que entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).