"Esquivó" excolaborador de Adán Augusto caso de Estafa Maestra

Ramiro Chávez Gochicoa, fue rector de la Universidad Politécnica del Centro (UPC) en Tabasco y secretario de Cultura nombrado e 2020 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández.

Chávez Gochicoa fue acusado de presuntamente participar en un contrato ilegal de más de 31 millones de pesos.

Se trata de Ramiro Chávez Gochicoa, quien fuera rector de la Universidad Politécnica del Centro (UPC) en Tabasco y en el 2020 fue nombrado secretario de Cultura de esa entidad durante la Gubernatura del hoy senador morenista.

El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México determinó que no existen elementos para procesar a Chávez por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, según el fallo judicial.

"El ministerio público no señala a qué datos de prueba se refiere, ni cómo cada uno de ellos acreditan la existencia del hecho y la probabilidad de que el imputado participó en su comisión", resolvió el colegiado por unanimidad de votos.

Agregó: "En cuanto a la entrega de productos deficientes, se tendrían que haber rechazado estos; entonces aquí se está ante un incumplimiento de contrato, lo que daría lugar a que se reclame la reparación del daño".

Sin embargo, la resolución aún no es definitiva porque tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) pueden recurrir al amparo, ya que ambas tienen reconocida la calidad de ofendidas en este asunto.

La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR refiere que el 13 de mayo de 2016 Ramiro Chávez, en su calidad de rector de la UPC, suscribió con la Sedatu el convenio de Contratación de Servicios Profesionales y Tecnológicos para el Diseño de Indicadores de Deterioro Habitacional.

La universidad debía entregar a la Secretaría un documento, una aplicación para celular para levantar encuestas y un manual de operación, entre el 15 de junio y el 5 de septiembre del mismo año, por un costo total de 31 millones 349 mil pesos.

La acusación refiere que el exfuncionario radicó en que las cuentas por liquidar certificadas correspondían a una Unidad Ejecutora cuyo objeto era distinto; y una de ellas se pagó en 2017, un ejercicio fiscal distinto, sin haber realizado el trámite de los pasivos pendientes de cumplir.

La Fiscalía también imputó que la UPC incumplió con el convenio, pues la entrega de los productos contratados fue deficiente, es decir, no entregó lo pactado a la Sedatu.

La estafa maestra es el nombre de una investigación periodística sobre un sistema de 128 empresas fantasma con las cuales el Gobierno Federal desvió más de  400 millones de dólares, involucrando a 11 dependencias del Estado, coho universidades públicas, empresas privadas y más de 50 funcionarios.