Solicita Congreso investigar "huachicoleo de agua" en río Conchos

El punto de acuerdo que Zubía Fernández presentó esta mañana, durante la más reciente sesión de la Segunda Diputación Permanente, insta a la Comisión Nacional de Agua (Conagua), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Fiscalía General de la República para que atiendan las denuncias ciudadanas de «huachicoleo de agua».

El congresista refirió que, según constatan testimonios de lugareños y medios de comunicación, existen práticas sistemáticas de desvío en el río Conchos mediante bombas, las cuales, sin previa autorización, destinan grandes volúmenes de recurso hídrico en actividades agrícolas. En consecuencia San Francisco de Conchos atraviesa por períodos constantes de desabasto.

Esta práctica —mencionó— «no sólo vulnera el desrecho de las comunidades al acceso del vital líquido, sino que también representa una amenaza para la sustentabilidad ambiental y la equidad en el uso de los recursos hídricos», además de que «genera conflictos sociales y pone en riesgo la paz y la seguridad de la región».

Por ende hizo un llamado a las autoridades competentes para que investiguen de forma coordinada los hechos señalados, identificar a los presuntos responsables y, de así ameritarlo, apliquen las sanciones previstas en la Ley.

El exhorto va dirigido también a la implementación de mecanismos de vigilancia y control más efectivos para evitar la repetición de estas conductas y garantizar así el acceso equitativo a las comunidades aledañas al río Conchos.

«El problema del huachicoleo de agua en Chihuahua refleja un patrón nacional que demanda atención urgente y acciones por parte del Estado Mexicano. No se trata únicamente de un conflicto por recursos naturales, sino de una crisis de gobernanza, de legalidad y de justicia social», sentenció el legislador.

Durante la lectura el diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, presentó una moción para que la solicitud incluyera a la Fiscalía General del Estado y la Junta Central de Agua y Saneamiento. Moción que fue aprobada.