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Pide Congreso revisar actuación de jueza Madhay Soto Morales

Por mayoría de votos el Congreso del Estado aprobó el punto de acuerdo para solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que revise la actuación de Madhay Soto Morales, jueza décima del Distrito Judicial Morelos, quien promovió el amparo 1183/2025-IX para suspender de forma provisional las demoliciones en el rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza y propiedad del exgobernador César Duarte Jáquez.

Por: Rubén Eduardo Silva Lara 29 Mayo 2025 16:19

El diputado Pedro Torres Estrada, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, puntualizó que el Consejo debe de someter a una revisión exhaustiva el recurso que interpuso Soto Morales en contra de las acciones que personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretendía realizar en El Saucito: la destrucción de una presa cinco represas y un pozo ilegal, que en conjunto almacenaban 700 mil metros cúbicos de agua.

Aseveró que el exmandatario y la jueza obraron en mero beneficio personal, a sabiendas de los altos niveles de sequía que atraviesan los 67 municipios de la entidad federativa; una emergencia climática —dijo— considerada como la grave de la historia en Chihuahua que derivado en una reducción del 30% en el hato ganadero, en una captación de apenas el 15% en las principales presas.

«¿De qué sirve que desde tribuna pidamos soluciones a la sequía si no somos capaces de exigir justicia contra quienes causaron, facilitaron y se beneficiaron de este desastre? El agua no es un lujo. El agua no es un negocio. El caso de César Duarte Jáquez representa uno de los símbolos más dolorosos por su corrupción en el país», externó el legislador.

Al igual que hiciera un día antes Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de Morena en el Congreso del Estado, Torres Estrada cuestionó que la jueza promoviera el amparo el mismo martes 27 de mayo, día en que Conagua dio inicio a las demoliciones —en menos de 24 horas.

Y pronunció: «La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que este uso privado de un recurso nacional, sin permiso y sin concesión, es una falta grave, y que por ello se presentará una denuncia penal contra Duarte, y que se cuestiona el respaldo judicial que permitió frenar la demolición de las presas ilegales, lo que nos afecta al ser un caso de corrupción, al desviar ilegalmente recursos hídricos en una región que cuenta con graves problemas de sequía».


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