"Federación quiere vigilar y controlar a los mexicanos": Jorge Soto

En primer lugar el legislador puso de manifiesto su rechazo a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el Senado de la República aprobó este domingo con 77 votos a favor del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano y con 30 en contra por parte del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Esta modificación de Ley —señaló— obliga a vincular cada línea telefónica con la Clave Única de Registro de la Población (CURP) y permite a las autoridades acceder a llamadas, mensajes y geolocalización sin requerir orden judicial. Dijo: «Esto pone fin a la privacidad y somete a los mexicanos a la vigilancia».

En cuanto a la creación de la Plataforma Central operada por el Centro Nacional de Inteligencia, Soto Prieto hizo énfasis en que el Gobierno de México tendrá la posibilidad de «cruzar toda la información personal de los ciudadanos, compras, ubicación, huellas digitales, hospedajes, sin […] garantías de protección de datos».

Al igual que diferentes miembros de la oposición, tanto en Chihuahua como a nivel nacional, el congresista cuestionó que la nueva legislación en materia de telecomunicaciones otorgue al Ejecutivo Federal la facultad de suspender transmisión de radio y televisión. Desde su perspectiva, el argumento de «proteger los derechos de las audiencias» resulta ambiguo y da lugar a distintas interpretaciones.

Y sentenció: «[El paquete de reformas] construye el andamiaje legal para vigilar y controlar a todos los mexicanos bajo pretextos nobles como la seguridad, la justicia o la búsqueda de desaparecidos. […] México está cada vez más cerca […] de un Estado vigilante. Hoy pueden justificarlo con discursos de justicia o seguridad, pero mañana puede usarse para perseguirse voces opositoras. No lo debemos permitir».
 
Soto Prieto contrastó el panorama actual del país con el sistema de vigilancia que implementa China, en donde todo ciudadano es objeto de monitoreo a través de cámaras de reconocimiento facial, geolocalización, historial de compras y redes sociales. En donde el gobierno otorga un puntaje a cada individuo según su comportamiento y determina el acceso a servicios, trabajo o la posibilidad de viajar.

«Eso no ocurrió de un día para otro. Comenzó, como ahora en México, con leyes que decían buscar seguridad y orden, pero terminaron justificando el control absoluto del individuo por parte del Estado», declaró.

En consecuencia exigió un debate nacional amplio, un freno inmediato al avance de estas leyes y una agenda que proteja los derechos civiles y digitales de la ciudadanía.