EU imputa al CJNG millonaria estafa con venta de tiempos compartidos

Un reciente informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló una red de fraude en tiempos compartidos en Puerto Vallarta operada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que afectó principalmente a adultos mayores estadounidenses y generó pérdidas millonarias.
Por: Redacción 13 Agosto 2025 20:26
Este 13 de agosto, las autoridades estadounidenses sancionaron a cuatro mexicanos y 13 empresas con sede en el destino turístico, involucradas en este esquema ilícito.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), los principales responsables son Julio César Montero Pinzón (“El Tarjetas”), Carlos Andrés Rivera Varela (“La Firma”) y Francisco Javier Gudiño Haro (“La Gallina”), quienes además forman parte de un “grupo de choque” vinculado a asesinatos de rivales y políticos en Puerto Vallarta. También fue sancionado Michael Ibarra Díaz Jr., empresario turístico y contador de la zona, señalado por su participación en el fraude durante más de 20 años.
El esquema, operando desde 2012, consiste en engañar a las víctimas para que paguen supuestas cuotas e impuestos por ventas o alquileres de sus tiempos compartidos, obteniendo información a través de cómplices en los resorts y contactando a las víctimas mediante llamadas de “teleoperadores” que se hacen pasar por abogados o representantes de ventas. En muchos casos, los afectados son revictimizados, con promesas de recuperar el dinero a cambio de pagos adicionales.
Según estimaciones del FBI, entre 2019 y 2023 este fraude provocó pérdidas superiores a 300 millones de dólares y afectó a unas 6 mil personas.
El CJNG, considerado por el Departamento de Estado de EE. UU. como una “Organización Terrorista Extranjera”, utiliza violencia extrema e intimidación para mantener el control de sus operaciones ilícitas, que van desde el narcotráfico hasta fraudes financieros en el sector turístico.
Con estas sanciones, Estados Unidos busca golpear la estructura financiera del cártel y frenar las operaciones de fraude en Puerto Vallarta y zonas colindantes con Nayarit.