Que asesinos de activistas reciban pena más severa, propone diputada

La iniciativa, que fue presentada por la legisladora en la última sesión ordinaria de Congreso, contempla tipificar como calificativa los tres delitos y, en tal sentido, no sólo sancionar de forma ejemplar a los asesinos, sino también «proteger, disuadir y reconocer la labor de quienes defienden los derechos colectivos, en un contexto donde la justicia y la dignidad no pueden seguir postergándose».

Ortega Máynez recordó los casos de Isabel Cabanillas, activista ultimada en el municipio de Ciudad Juárez durante 2020, y de Julián Carrillo, defensor rarámuri que fue privado de la vida en la Sierra Tarahumara durante 18. Ambas historias, y las incontables injusticias en la entidad federativa que le anteceden y preceden, provienen de una violencia estructural que exige medidas legislativas urgentes, dijo.

Porque México —refirió— se ha convertido desde los últimos tiempos en uno de los países que mayor peligro representa para quienes ejercen el activismo social, ambiental o comunitario. Es así que la iniciativa responde, sí, a un mandato constitucional, pero también a las obligaciones constitucionales que México ha contraído, como la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Defensores de Derechos Humanos y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

«Defender derechos no debe costar la vida. […] No pude haber justicia, ni protección cuando se omite reconocer en la Ley Penal la situación de riesgo agravado de certos grupos, como lo son las y los defensoras. […] En Chihuahua, quien asesine o agreda a una persona por defender derechos humanos enfrentará una sanción más severa», pronunció.