Posverdad

Puede parecer un simple gesto administrativo: un alcalde que dona un camión recolector a una comunidad vecina. Pero en política, nada es solo logística, y Cruz Pérez Cuéllar lo sabe. En plena ruta hacia 2027, cada alianza, cada gesto, cada fotografía cuenta.

Esta vez fue Puerto Palomas de Villa el que recibió el favor. Gustavo Soto del Hierro, su presidente seccional, acudió con humildad institucional a pedir ayuda. Y el alcalde juarense respondió con oficio: rescató una unidad en desuso y la puso al servicio de una comunidad que no gobierna, pero que sí observa.

La narrativa es clara: Cruz se proyecta como un operador con influencia más allá de su frontera, dispuesto a resolver, sin mirar colores ni jurisdicciones. Es una estrategia tan pragmática como calculada. 

Porque en política regional, los favores se recuerdan, se documentan y se traducen en respaldos —incluso si vienen de municipios pequeños.

A la vuelta de la esquina está el año 2027. Y aunque los reflectores están sobre los debates de cúpula, es en estos gestos donde se teje la gobernabilidad futura.

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Lo que acaba de resolver el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua no es menor: cinco magistraturas originalmente entregadas a hombres deberán ser reasignadas a mujeres que obtuvieron más votos. El argumento es tan poderoso como inevitable: paridad sustantiva y legalidad.

Pero el fondo va más allá de la aritmética de género. Lo que se ha puesto sobre la mesa es que, incluso en un esquema diseñado para garantizar equilibrio —15 hombres, 15 mujeres—, la realidad puede imponer una nueva narrativa. Y es ahí donde se resquebraja la comodidad de algunos en el poder judicial.

La decisión del TEE —aunque seguramente será litigada en la Sala Superior— no solo reconfigura la composición del Tribunal Superior de Justicia, también envía una señal clara al resto de las instituciones: el principio de paridad no se agota en la cuota, sino que también debe reflejarse en el desempeño y en los resultados.

Es decir, ya no basta con diseñar procesos simétricos. Si cinco mujeres sacaron más votos, deben ser ellas quienes ocupen el cargo, no por cuota, sino por resultado.

Y, sin embargo, hay resistencias. Los magistrados desplazados han esgrimido que no hubo violación alguna al principio de equidad porque el sistema ya había equilibrado los espacios. Lo que omiten es que, incluso dentro de ese supuesto equilibrio, el resultado favoreció a las mujeres. ¿No sería entonces antidemocrático ignorarlo?

Lo irónico es que esta resolución se da en medio del relevo judicial más sensible en años, con una renovación de fondo en curso y, por supuesto, con las elecciones de 2027 a la vuelta. En ese contexto, el poder judicial no es ajeno al reacomodo político.